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Polic a Nacional, DNCD PN, DGA y Procuradur a, a quien es que quieren agarrar de tonto Lic. Daniel Adriano G mezDefinitivamente, algo que no es nada bueno est ocurriendo entre ciertas autoridades y quienes a espaldas del Poder Ejecutivo, pr cticamente se han metido en un juego de gato y rat n que tiene a la atrapada opini n p blica en ascuas. C mo es posible que a la jefatura de Estado Mayor de la Marina de Guerra se le asignan cinco millones de pesos para que repare un velero utilizado por unos milicianos castristas y terroristas que invadieron el territorio nacional en el 1973 para intentar derrocar al gobierno constitucional de la poca y a tratar de asesinar a su presidente y que ahora se diga que la reparaci n apenas cost menos de mill n y medio de pesos y nada se aclare de hacia donde fueron a parar los tres millones y medio restantes Qu se puede hablar de esa tremenda sinverg encer a que es la desaparici n de una parte importante del dinero acumulado en paquetes en cuatro todoterrenos que estaban estacionados en el parqueo de una lujosa torre de viviendas, como tambi n de los m s de seis millones de d lares estadounidenses en relojes de lujo y que todav a ni la DNCD PN y menos la fiscal a distrital digan en verdad que ocurri con todos esos recursos o quien de su propia gente decidi rob rselos, exactamente como casi a diario ocurre con bienes supuestamente expropiados al narcotr fico (usufructuados por familias de altos oficiales militares y funcionarios civiles) y que solo son asentados en libros a estas alturas ap crifos de la oficina conservadora y vigilantes de bienes de narcos o en la fiscal a distrital y cuando no en la Procuradur a General de la Rep blica Hasta donde se va a aceptar que las autoridades adviertan sobre el decomiso de un cargamento de drogas de m s de novecientos kilos y sin embargo, no hicieran absolutamente nada por detener a sus responsables y lo que luego dio pi para que los forajidos de cuello blanco embarcaran d as despu s otro cargamento de m s de mil doscientos kilos de coca na a Espa a, en donde y porque los socios de los involucrados entendieron que hab an sido objeto de un tumbe con el primer cargamento, se encargaron de denunciar al socio listo y que aqu aparec a como promotor y constructor de la Torre Atiemar, en donde medio gobierno y sociedad tienen presencia domiciliaria y lo que para colmos ha sido aprovechado por el ministerio p blico para apropiarse indebidamente de todo el complejo inmobiliario, cuando se supone que a estas alturas solo ten a que hacerlo con aquellos apartamentos que todav a no hab an sido vendidos y no con la totalidad de los otros que hab an sido comprados debidamente viene el nuevo esc ndalo (las autoridades represivas son diestras en generar uno de continuo para que el primero sea sepultado por el reciente y as sucesivamente) de unos detenidos en la frontera mejicana estadounidense y repatriados al territorio nacional, cuyo delito inicial fue el de fugarse del pa s con identidades falsas y quienes de golpe, al llegar al AILA son presentados por la polic a como unos sicarios tan terribles, que uno solo de ellos tiene supuestamente 36 muertos en su haber y un rosario de 51 mal heridos y por supuestos hechos criminales cometidos en el pasado, generando entonces una histeria p blica que fue alimentada por el af n demencial de cierto sector medi tico impulsado por el irascible e intolerante arzobispo cardenal L pez Rodr guez, de querer destruir el C digo Procesal Penal, cuando en la pr ctica, ha sido demostrado que el ministerio p blico y la polic a han sido incapaces de demostrar la acusaci n y lo que oblig a un juez decente de un juzgado de Instrucci n a solo dictar medidas duras de coerci n sin c rcel, hasta terminar el incauto magistrado, victima del formidable juicio medi tico paralelo que de pronto fuera montado y que la Suprema Corte de Justicia y en uno de sus papeles m s indecorosos, cancelara abusivamente al juez y de hecho interviene de ahora en adelante en las decisiones generales de todos los magistrados, contaminando absolutamente las decisiones judiciales de estos, al imponer una acci n totalitaria de ahogo de la libertad de decisi n de los magistrados de nivel inferior, con lo que en la pr ctica se afecta la sana impartici n de justicia..